La empresa Larah (Latin America Regional Aviation Holding), es la titular de los derechos legales de Leadgate, la empresa de Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez, a la que se le había adjudicado, en 2007 (gobierno de Tabaré Vázquez), la gestión de Pluna, la aerolínea de bandera uruguaya.
En 2012, por decisión del gobierno de José Mujica, se dispuso el cierre de Pluna y se dio fin a la gestión de los mencionados empresarios.
Por dicho cierre, Larah, en 2019 (2do gobierno de Vázquez), promovió demanda arbitral ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que resuelve conflictos entre inversionistas y estados mediante juicio arbitral.
La reclamación fue de 861 millones de dólares, por incumplimientos del tratado de inversión con Panamá, en el proceso de cierre de Pluna.
En febrero pasado, el Tribunal falló aceptando sólo 30 millones de dólares, rechazando 831 millones de dólares del reclamo. Con intereses a 10,5% anual, la condena llega a 56,5 millones dólares.
El gobierno actual, que deberá pagar la condena, no llegó a un acuerdo amistoso, ya que la demandante puso como condición para aceptar un pago más reducido, que Uruguay clausurara las causas penales contra Campiani, Hirsch y Álvarez, por un presunto delito de estafa especialmente agravado, que les significó estar en prisión preventiva por varios meses (hoy están en libertad a la espera del fallo definitivo).
Uruguay no aceptó la condición porque el país se rige por un estado de derecho con separación de poderes, lo que impide interceder ante la justicia.
Larah ahora tramita el proceso de cobro, con la posibilidad de trabar embargo al Uruguay, a lo cual el gobierno interpondrá excepciones como la de «indemnidad del Estado uruguayo en esta causa», lo que se habría pactado previamente por las partes para que se le excluya de ser demandado por este caso.