El futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, habló con el presidente electo, Yamandú Orsi y le dijo «no seguir con el proyecto» Neptuno en Arazatí», al presentarle un informe con objeciones y cuestionamientos.
El informe que le acercó Ortuño a Orsi tiene 3 puntos: uno ambiental, especialmente referido al lugar en donde se ubicaría la toma de agua del Río de la Plata, que sería inadecuado por episodios de salinidad y de floraciones de cianobacterias.
Otro punto del cuestionamiento es el de que entiende que el financiamiento del proyecto por el Consorcio privado es muy elevado y que Ose no está en condiciones de asumirlo.
Y el tercer punto es de carácter jurídico, pues entiende que de acuerdo a la ley y a la Constitución, todo el proceso del agua para el suministro a la población tiene que estar en manos de una persona jurídica estatal y no puede participar el Consorcio privado que ganó la licitación.
Desde el oficialismo se rechazan esos argumentos y aducen que las observaciones ambientales se han levantado, como se afirma por el Ministerio de Ambiente que ha dado la autorización ambiental previa para la obra y que la participación de privados en la construcción de la planta es jurídicamente correcta.
A esta altura la continuación del proyecto es una incertidumbre y ha sido, inesperadamente, un punto de fricción en medio de la transición entre el gobierno actual y el entrante y aún dentro del FA, que en sus bases programáticas da prioridad a la obra de la represa de Casupá, pero que no soluciona el problema fundamental de tener otra fuente alternativa y permanente de agua.