La Caja de Profesionales Universitarios está en una situación financiera gravemente deficitaria. Para el mes próximo no está en condiciones de abonar las jubilaciones y las pensiones de sus afiliados.
Es una caja paraestatal, su presidente es un representante del Poder Ejecutivo y lo mismo otro miembro del directorio (a ambos la Caja les paga sus remuneraciones), a los que se suman representantes de los pasivos y activos. Las decisiones de administración de la Caja han sido tomadas todas con el aval y la responsabilidad de los representantes estatales y todas las resoluciones se comunican a los ministerios de Economía y Trabajo, a OPP y al Tribunal de Cuentas.
Como ha dicho en carta a Búsqueda, el Cr Gustavo Álvarez: «nuestra caja, en sus más de 70 años de vida, nunca recibió financiación del Estado, como si la recibieron los demás subsistemas, empezando por…el BPS, que absorbe 7 puntos del IVA».
Hay 173.600 profesionales activos de los cuales 63.414 son aportantes y 110.000 no aportan, por lo que tampoco se podrán jubilar. A ellos hay que agregarles los 190.640 estudiantes universitarios que tienen la expectativa de tener una Caja que les brinde seguridad social y sea un incentivo que justifique los años de sacrificio por estudio en los niveles más altos de la educación, que es el camino reconocido por todos para lograr el pleno desarrollo personal y el progreso y prosperidad del país.
Como expresó un colectivo de profesionales: «para qué se habla tanto de educación, educación, educación, si luego, a los que han cursado todos los niveles educativos, no se los reconoce, ni se los protege para lo que han trabajado y aportado económicamente por años.
El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para financiar la Caja con aumento de los aportes de los profesionales activos y una rebaja a las jubilaciones y pensiones, por medio de una nueva carga especial de contribución. La Cámara de Diputados, con votos blancos y colorados, aprobó la asistencia financiera a la Caja, pero no votó los aumentos de los aportes de activos y pasivos.
Hoy el Senado, con mayoría del FA, negocia modificaciones al proyecto original y a lo aprobado por Diputados, pero las tratativas están muy trancadas porque no hay acuerdo en cuanto a recargar más a los activos (lo que generaría más profesionales que dejan de aportar, los que ya ascienden a 110.000) y a los pasivos (que ya se les impuso el IASS que lo que se recauda por este impuesto no va para la Caja sino para el BPS y que ya no pueden retirarse de la Caja de la que tienen más de 30 años de aportes).
La Asociación de Profesionales Independientes ha expresado que «El Estado recauda a través del IASS de nuestros jubilados una suma mayor a la asistencia financiera que propone brindarnos».
En definitiva, por estas horas,esos miles de profesionales universitarios están en la incertidumbre de cobrar sus jubilaciones y pensiones. Se prevé, para el 30 de junio, votar unos cambios al proyecto de ley en el Senado, con un acuerdo multipartidario que asegure la aceptación de los cambios por la Cámara de Diputados que se resisten a los aumentos de las cargas a pasivos y activos.
En última instancia, según el art. 67, lit B, de la Constitución, la garantía de financiación última del sistema jubilatorio, es «La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario».
