En el día de hoy, en las respectivas sesiones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y en la del Honorable Directorio del Partido Nacional, se trató el tema de la cancelación del proyecto Neptuno en Arazatí por parte del Gobierno y hubo sendos pronunciamientos.
En conferencia de prensa, el Secretario General del Partido Colorado, Andrés Ojeda, expresó que se había convocado al exministro de Ambiente Cr Robert Bouvier y a la exvicepresidente de OSE, Esc Susana Montaner, para analizar el tema.
Ojeda dijo que la decisión de cancelar el proyecto Neptuno fue «un capricho del gobierno» y que con ello «asegura a la población metropolitana quedarse sin agua ante una nueva sequía como la que ya sufrimos». Que al gobierno «sólo le preocupa la política y decide sin fundamentos técnicos, legales, ambientales ni económicos». La bancada parlamentaria espera la presencia del ministro Ortuño para el próximo 4 de agosto para solicitarle información al respecto.
El Partido Nacional, que en el directorio se reunió con el expresidente de OSE, Ing Raúl Montero, el exsubsecretario de Ambiente, Dr Gerardo Amarilla y el exDir de OPP Cr Fernando Blanco, dio a conocer una declaración, firmada por Delgado, en la que «lamenta la decisión …que implica un retroceso» en la búsqueda de asegurar el abastecimiento de agua potable para el Área Metropolitana, con una fuente alternativa que asegure «la disponibilidad de la misma para la zona más poblada del país». Se encomendó a la Agrupación Parlamentaria que realice el seguimiento de las decisiones, sus consecuencias jurídicas y ambientales, así como promover el fortalecimiento del sistema de abastecimiento de agua como derecho constitucionalmente reconocido y evitar perjuicios mayores para el Estado.
Simultáneamente, el expresidente Dr Luis Lacalle Pou, escribió en su cuenta de la red X, que «el actual gobierno tomó una decisión netamente política y técnicamente desacertada» y que espera no se tenga que vivir otra sequía».
Por su lado, el ministro Edgardo Ortuño dijo que «el expresidente se equivoca».
El gobierno propuso al consorcio privado adjudicatario de la obra, un cambio de obras y le ofreció una modificación del contrato. Todavía falta un mes para modificar el contrato que luego será estudiado en su legalidad por el Tribunal de Cuentas.
Existe preocupación a nivel de los partidos políticos mencionados, por las serias dudas sobre la legalidad de la modificación contractual, los impactos ambientales de las nuevas obras ofrecidas, el costo económico de la modificación, el precio de los cambios de obras, la indemnización a la empresa privada por los costos incurridos en el proyecto Neptuno y si es necesaria una nueva licitación con todas las garantías para las empresas interesadas.