Los abusos ocurrieron entre 2022 y 2024. La investigación fiscal logró probar tocamientos, acoso y hechos de violencia doméstica en el entorno familiar.
31 de julio de 2026
Un hombre fue condenado en las últimas horas a siete años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de su hijastra de forma continuada en el departamento de San José.
La investigación judicial estuvo a cargo del equipo de la Fiscalía liderado por la fiscal Stephanie Sandes y la adscripta Ericka González, quienes lograron reconstruir los hechos acontecidos entre los años 2022 y 2024.
De acuerdo con la acusación fiscal, el agresor realizaba tocamientos a la víctima de forma reiterada durante las madrugadas mientras ella dormía. Asimismo, el expediente detalla que el imputado la observaba sin su consentimiento mientras se bañaba o vestía, y le ofrecía dinero a cambio de besos.
La denuncia y el entorno familiar
La situación salió a la luz luego de que la menor lograra relatar lo que padecía a familiares por el lado materno, quienes radicaron de inmediato la denuncia correspondiente. Previamente, la víctima intentó solicitar ayuda a su madre, pero esta no le creyó, la confrontó con el agresor y decidió mantener la convivencia familiar.
Durante las actuaciones, la Fiscalía constató además que el condenado ejercía episodios de violencia física y verbal contra los hermanos de la víctima.
En el fallo judicial, la jueza de la causa destacó la solidez de las pruebas presentadas y señaló que «el relato de la menor es coherente, claro e igual en las variadas instancias que se realizaron». La magistrada ponderó la concordancia de las pericias psicológicas e informes de especialistas tratantes, los cuales confirmaron el cuadro de abuso sexual infantil y violencia doméstica.
El agresor fue imputado como autor de reiterados delitos de abuso sexual agravados, en régimen de reiteración real con un delito de promesa de retribución y reiterados delitos de violencia doméstica.
Además de la pena de siete años de penitenciaría, la Justicia dispuso las siguientes medidas accesorias:
Suspensión de la patria potestad e inhabilitación para ejercer funciones públicas o privadas con menores por el plazo de 10 años.
Reparación patrimonial a favor de la víctima por un monto equivalente a 12 salarios mínimos nacionales.
Inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Abusadores Sexuales.