La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay que desde 1867 representa al sector privado empresarial de los más diversos giros y hoy cuenta con 15.000 socios y más de 100 gremiales (21 de ellas en el interior del país) dio a conocer con una publicación en un folleto explicativo, las razones por las que en su opinión aconseja no votar en octubre el plebiscito de la seguridad social que impulsa el PitCnt y parte del FA. El sector productivo que representa la Cámara emplea a más del 60% de los trabajadores en actividad del país.
Con un resumen de 10 puntos, da los principales fundamentos por los cuales en su opinión «el plebiscito jubilatorio perjudica tanto a los uruguayos». Básicamente sostiene que la propuesta plebiscitaria «impone a la sociedad uruguaya un costo imposible de pagar» con un déficit del 8.1% del BPS que se debería pagar con un aumento del IVA desde el 22% actual al 43.5% o con el aumento de los aportes personales y patronales al BPS desde el 22.5% actual 56.9%.
A ello habría que agregarle que volvería a tornar «inviables» «las cajas Policial, Militar y el impacto de las cajas Notarial, Bancaria y Profesional» a las que habría que asistir financieramente.
Otras razones que expone la Cámara son que la reforma del Plebiscito es un «ataque a la propiedad privada y a la certeza jurídica» que generaría «juicios contra el Estado». También se generarán «deudas con el BPS» de «trabajadores, jubilados y empleadores» por la retroactividad de la reforma.
El plebiscito llevaría a la «pérdida del grado inversor» que con tanto acierto ha logrado Uruguay, con lo que se aumentarían los costos financieros de la «deuda soberana».
Agrega que casi todos los países para salvar la viabilidad de su seguridad social han contemplado «la realidad demográfica» «corrido la edad de jubilación hasta, por lo menos, 65 años». También argumenta que no es conveniente porque «se propone eliminar el ahorro individual» que «es la herramienta estándar usada en todos los países que tienen una dinámica demográfica similar a la uruguaya».
Finalmente, esta reforma constitucional propuesta haría «perpetuo» el régimen jubilatorio deficitario que propone y que desembocaría en su extinción prematura.