La diputada suplente, Dra. Alicia Velázquez, presentó un amparado pedido de informe ante el Presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, dirigido al Ministerio de Ambiente. El documento, fundamentado en el artículo 118 de la Constitución de la República, advierte que el proceso de liquidación judicial de la empresa química DIROX S.A., ubicada en las cercanías de la ciudad de Libertad, representa una «crisis latente» y un riesgo ambiental crítico para la comunidad y la salud humana.
20 de mayo de 2026
La iniciativa parlamentaria recoge el histórico reclamo del Movimiento de Vecinos de Libertad, que desde mediados de la década de 1990 se mantiene en alerta por el manejo de sustancias de alta toxicidad en la planta.
Un historial de irregularidades y contaminación
DIROX S.A. se instaló en el departamento de San José para la producción de sales de cromo, taninos e insumos veterinarios. Según expone el documento de la legisladora, la materia prima fundamental de la planta es el cromo 6, un metal pesado catalogado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El pedido de informe detalla una extensa cronología de incumplimientos y sanciones que arranca desde la propia construcción de la planta entre 1995 y 1998, período en el que sufrió su primera clausura por deficiencias en el estudio de impacto ambiental ante la entonces DINAMA.
La gravedad de los antecedentes incluye:
Clausura municipal en 2001: Dispuesta por la Intendencia de San José tras detectarse niveles peligrosos de contaminación con cromo en el entorno y afectaciones directas a la salud de los trabajadores.
Sanciones en 2002 y 2003: Nuevas clausuras motivadas por el fracaso de los planes de prevención de impacto sanitario.
Irregularidades operativas: El documento denuncia episodios donde la empresa utilizó cromo líquido en lugar del formato sólido autorizado, derivando en el lavado inadecuado de camiones de transporte y la consecuente contaminación de operarios.
Exigencia de respuestas ante la liquidación de la planta
La Dra. Velázquez argumenta que el actual escenario de liquidación judicial de la unidad productiva no exime al Estado de su rol de contralor. Por el contrario, la legisladora enfatiza que la situación actual pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades para asegurar que el cierre de la planta no derive en un pasivo ambiental incontrolable en la zona de Libertad.
El pedido de informe busca que el Ministerio de Ambiente transparente las inspecciones recientes, el estado actual de los suelos y acuíferos de la zona, y las medidas de contingencia previstas para garantizar la seguridad de los trabajadores y los habitantes de las áreas rurales y urbanas adyacentes.
Al mismo tiempo, se detallan otras problemáticas a consideración en el pedido expresado:
