Con el objetivo de combatir la impunidad y mejorar la seguridad pública, el legislador Fernando Pérez Braggio presentó un proyecto de ley que busca castigar con mayor severidad los delitos y faltas cometidos mediante el uso de vehículos en situación irregular, incluyendo las peligrosas «picadas» y la conducción temeraria.
La iniciativa surge como respuesta al incremento de actividades delictivas (como hurtos y rapiñas) y maniobras peligrosas en la vía pública donde se utilizan motocicletas o autos sin matrícula, con números de chasis adulterados o documentación falsa. Estas irregularidades, según explica el documento, son utilizadas deliberadamente para dificultar la identificación de los autores y favorecer la evasión de la justicia.
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Agravante Especial: El uso de un vehículo con numeración alterada, sin chapa o con documentos falsos se considerará un agravante que elevará la pena del delito principal.
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Alcance Ampliado: La norma no solo aplica a delitos penales, sino también a faltas e infracciones graves de tránsito, atacando directamente el fenómeno de las competencias no autorizadas en las calles.
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Penas de Cumplimiento Efectivo: El proyecto propone que, en casos graves o de reincidencia, la pena de prisión domiciliaria (de 6 a 12 meses) sea de aplicación preferente y no pueda ser sustituida únicamente por tareas comunitarias.
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Multas y Criterio Judicial: Los jueces tendrán la potestad de aplicar multas económicas y deberán valorar el riesgo generado para terceros y la incidencia del vehículo irregular en el hecho.
«Las sanciones exclusivamente económicas han demostrado ser insuficientes y tienen un bajo efecto disuasivo», señala la exposición de motivos del proyecto.
«Buscamos dotar a la Justicia de herramientas claras para sancionar conductas que no solo son delitos en sí mismos, sino que incrementan significativamente el riesgo para toda la sociedad».
El legislador Pérez Braggio enfatizó que esta ley busca «romper el ciclo de impunidad» que brindan los vehículos «fantasma». Al atacar la herramienta que utilizan los delincuentes y quienes realizan picadas, se pretende mejorar la convivencia social y proteger la integridad de los ciudadanos que circulan por la vía pública.
El proyecto, fechado este 25 de marzo de 2026, comenzará ahora su camino parlamentario para su discusión en las comisiones correspondientes.