Al mediodía de hoy llegó a la Plaza Independencia de Montevideo, la Marcha por el Agua, una caminata de 5 días que salió de Arazatí.
Hoy, el integrante de la misma, Giambattista Gavazzi junto con la también militante Ana María Arreta, declaró a la prensa, en entrevista de hoy de mañana en Canal 12, que ellos no quieren «ni Casupá, ni Arazatí», con referencia a los proyectos para abastecimiento de agua potable a la población, que el gobierno plantea realizar en Casupá, departamento de Florida y el proyecto Neptuno, en Arazatí, en el departamento de San José, que ya tiene firmado por la administración anterior, el contrato para comenzar las obras, pero que por un decreto del presidente Yamandú Orsi, en acuerdo con el consorcio Aguas de Montevideo, adjudicatario del mismo, se suspendió por 90 días el comienzo de su construcción, para en ese plazo buscar modificaciones y cambios al mismo.
Gavazzi dijo que se oponen a ambos proyectos porque «no son sustentables, ni se consultó a la sociedad civil».
Para él, el problema real es «un tema de gestión del agua, no perder más agua» en las instalaciones actualmente existente, que a su criterio, es lo que genera realmente el déficit hídrico.
Para Ana María Arreta, «son negocios financieros para beneficio de privados» y que «la Constitución no le permite a los privados intervenir» en el sistema de suministro de agua y, además, exige que todo lo relacionado con el agua «tiene que pasar por el pueblo».
Arreta encuentra inexplicable que el gobierno y el ministro de Ambiente, Ortuño, consideraban que lo del proyecto Neptuno en Arazatí era inconstitucional y por tanto nulo, ahora que lo tienen a su consideración no lo hayan dejado sin efecto por nulidad jurídica del contrato firmado.
Y al final Gavazzi remató «acá estamos empezando una guerra».
El desenlace de este tema es un gran dolor de cabeza para el gobierno del presidente Yamandú Orsi. Máxime si se tiene en cuenta que el proyecto represa de Casupá, que es la alternativa de su ministro de Ambiente y del FA planteado en la campaña electoral, según ha trascendido, implica afectar áreas protegidas, con la quita de 426 hectáreas de bosque nativo en un ecosistema ribereño, el nivel de cianobacterias que generaría el agua de la represa en las 3.000 hectáreas del embalse y la afectación a la fauna del lugar, extinguiendo especies y la conservación de las aves como el cardenal amarillo, el capuchino pecho blanco, el capuchino boina gris, el dragón, la viudita blanca grande y la pajonalera pico recto, que están en el programa internacional de conservación UYU 15 y en la consideración de especies vulnerables de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.