El ministro de Trabajo, Juan Castillo, estudia modificar el decreto 281/2020, que reglamenta el art. 392, de la LUC (ley de urgente consideración). Este artículo legal no fue posible derogarlo con el recurso de referendum que el FA y el Pit-Cnt promovieron el 27 de marzo de 2022, porque la ciudadanía lo mantuvo firme.
Básicamente lo que establece la ley es el desalojo con intervención del Ministerio de Trabajo y la Policía, en caso de ocupación o piquete en lugares de trabajo, pero no estableció un delito, ni puso una pena a los que cometieran esas acciones.
Durante la pasada administración de gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025), hubo 162 ocupaciones de lugares de trabajo y 34 piquetes, en conflictos sindicales. El 76% de las ocupaciones fueron en el sector público, o sea, de edificios públicos, como centros de estudio, principalmente. En cambio, el 82 % de los piquetes fueron en el sector privado, es decir, en empresas privadas.
Este anuncio ha generado preocupación en el ámbito empresarial y en el político, ya que puede impactar en las decisiones de inversión privadas y en la percepción empresarial del riesgo y en los propios trabajadores que quieren trabajar.
El exministro de Trabajo, Pablo Mieres, del partido Independiente, aseguró que la normativa vigente «funciona y funciona bien, desde hace cinco años y no ha generado ninguna dificultad» como para que merezca ser modificada. También se ha señalado que esa modificación normativa «no forma parte de las bases programáticas del FA», por lo que es de difícil consenso, como dijo el diputado blanco Rodrigo Goñi.