Luego de más de 2 años y medio de tratativas precontractuales y de cumplir todo el proceso licitatorio, la aprobación del Tribunal de Cuentas y el proceso de autorización ambiental previa, OSE firmó con Consorcio de Aguas de Montevideo, el contrato para hacer las obras en Arazatí, consistentes en una toma de agua bruta dulce del Río de la Plata, una planta potabilizadora, una reserva de agua dulce y una tubería de agua hasta los tanques de Cuchilla Pereira, para el abastecimiento de la población de la zona metropolitana.
El gobierno actual, ante el reclamo del gobierno electo, acordó agregar al contrato un memorandum de entendimiento entre OSE y el Consorcio, flexibilizando las modificaciones al proyecto con varias alternativas en aspectos planteados por el gobierno electo, como la localización del polder y de la toma de agua bruta.
Las obras insumirán 30 meses y OSE pagará 50 millones de dólares por año durante 17,5 años, ya que la financiación la otorgó el consorcio privado, al igual que se ha hecho con las PPPs viales, lo que permite que no se contabilice como deuda pública externa, pero a una tasa de interés más elevada por no contar con garantía soberana. Se trata del mismo formato financiero que ha utilizado este gobierno y los anteriores.
Respecto de la extracción de agua del Río de la Plata, se sabe que varias ciudades de Artentina, como Buenos Aires y uruguayas, como Colonia y Juan Lacaze, se abastecen con agua del Río de la Plata.
Varios académicos han dado su opinión favorable en cuanto a la calidad del agua del Río de la Plata y otros académicos a los que ha consultado el FA han señalado objeciones que, según fuentes oficiales, han sido subsanadas.
Con relación al polder y al monorrelleno, la DINACEA ha sido muy estricta al dar la aprobación ambiental, al exigir medidas complementarias al proyecto para mitigar sus impactos.
No obstante, lo sectores sociales opositores al proyecto Neptuno, persisten en sus argumentos e hicieron sentir su rechazo en la puerta del Edificio Libertad en oportunidad de la firma del contrato, como ya lo habían hecho frente a OSE y en la audiencia pública durante el proceso de aprobación ambiental.
