El plan piloto, que otorga empleo protegido, vivienda y transferencias sociales a personas liberadas, busca frenar la reincidencia carcelaria pero abre interrogantes sobre su aceptación en una sociedad que demanda respuestas punitivas.
26 de mayo 2026
Este lunes 25, en la Torre Ejecutiva, el Poder Ejecutivo presentó el programa piloto Libertad Segura. La iniciativa está diseñada para atender la inclusión social de personas liberadas del sistema penitenciario mediante apoyos específicos en empleo y vivienda. El plan aspira, en el largo plazo, a incrementar las herramientas de asistencia para la totalidad de la población carcelaria; un abordaje interinstitucional que busca mitigar un problema histórico, pero que abre interrogantes sobre la viabilidad y la recepción pública de este tipo de políticas de asistencia estatal.
El programa comenzará con un grupo seleccionado de 350 personas (300 varones y 50 mujeres) que, en una primera etapa, recibirán apoyo para actualizar o acceder a documentación básica como la cédula de identidad. Esto les habilitará el ingreso a servicios sanitarios, la obtención de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), cursos de capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), boletos de transporte público y el acceso a un empleo protegido por un año, financiado inicialmente con fondos públicos a través de instituciones como la Intendencia de Montevideo.
Los argumentos oficiales ante un problema crónico
Desde la perspectiva del Gobierno, las medidas se justifican en base a la urgencia de contener un fenómeno que no ha dejado de agravarse. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, reconoció que la población carcelaria en Uruguay ha crecido de forma ininterrumpida durante los últimos 30 años. Según Sánchez, revertir el «círculo vicioso de pobreza, violencia y delito» requiere de este tipo de instrumentos y de «respuestas audaces» por parte de la administración de Yamandú Orsi, apostando a una articulación con el sector privado mediante futuros contratos laborales.
Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, expuso cifras drásticas sobre la reincidencia que operan como el principal argumento técnico del plan: tres de cada diez personas liberadas vuelve a delinquir antes de los seis meses, y dos terceras partes lo hace antes de los tres años. Según las autoridades, este patrón se ve alimentado por riesgos estructurales del egreso, tales como la falta de un lugar para vivir, la ausencia de redes familiares, la inestabilidad de ingresos y la exposición directa a las redes del crimen organizado.
Tensiones de una política de seguridad enfocada en el gasto social
Pese a los fundamentos técnicos y sociales esgrimidos por los jerarcas, la focalización de recursos públicos en transferencias directas y empleos reservados para exreclusos genera inevitables tensiones en la opinión pública. La entrega de la Tarjeta Uruguay Social, subsidios de transporte y puestos laborales protegidos en un contexto donde el ciudadano promedio asume sus propios costos de vida e inserción laboral sin asistencia estatal prioritaria, suele ser percibida con recelo por parte de la sociedad.
El ministro del Interior, Carlos Negro, enfatizó que la reinserción «no es una responsabilidad exclusiva» de su cartera, requiriendo un engranaje donde el Estado debe acompañar la transición para evitar la reproducción de la violencia. Sin embargo, este enfoque desplaza el eje de la seguridad pública desde el control y la sanción penal hacia un rol de contención social y económica integral, distribuyendo la tarea entre múltiples secretarías.
Una densa red ministerial para una fase inicial acotada
La puesta en marcha de «Libertad Segura» demandará una compleja coordinación de recursos humanos y técnicos. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, señaló que los equipos de la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) tendrán un rol preponderante dentro de una red de trabajo ministerial que busca atender la realidad de casi 17.000 personas privadas de libertad. Asimismo, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, destacó la necesidad de incorporar una perspectiva de género debido a las demandas específicas del 10% de la población carcelaria que representan las mujeres.
Por el lado laboral, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, argumentó que el empleo formal es el factor que organiza los vínculos y la autonomía. Para ello, la cartera intervendrá desde el preegreso carcelario orientando los perfiles laborales hacia el empleo privado formal, un paso posterior que dependerá de la aprobación parlamentaria del proyecto de Ley de Empleo Integral, el cual contempla beneficios fiscales para las empresas que decidan contratar a esta población.
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, definió al programa como “una respuesta política a una demanda de la sociedad”. No obstante, el éxito de la iniciativa y su validación social dependerán estrictamente de que este plan piloto demuestre una reducción real en las tasas de delito y no se perciba únicamente como una estructura de asistencia pública sostenida por la comunidad.