La iniciativa, presentada por el diputado del Partido Colorado Mauricio Viera, abarca a hoteles, posadas y moteles de todo el país. Exige sectores diferenciados para evitar la contaminación cruzada, personal capacitado y prevé multas o suspensiones para los establecimientos que incumplan.
2 de julio de 2026
El diputado Mauricio Viera presentó formalmente un proyecto de ley que busca garantizar el derecho a una alimentación segura para las personas con enfermedad celíaca en todos los establecimientos de alojamiento del país que ofrezcan servicio de desayuno.
Según destacó el legislador, la iniciativa «promueve la inclusión, protege la salud y asegura igualdad de condiciones para todos», buscando que quienes padecen esta condición puedan viajar y hospedarse con la tranquilidad de acceder a alimentos aptos y libres de riesgo.
¿A quiénes abarca y qué exige?
El texto establece que la ley se aplicará a todos los hoteles, apart-hoteles, hosterías, moteles, posadas y similares que brinden desayuno, ya sea que esté incluido en la tarifa o se cobre como un extra.
Entre los puntos más importantes del articulado se destacan:
Oferta variada y permanente: Los alojamientos deberán contar obligatoriamente con opciones certificadas como libres de gluten, incluyendo como mínimo lácteos, quesos, fiambres, cereales, panificados o repostería.
Sin contaminación cruzada: Para evitar que los alimentos se contaminen con trazas o migas de harina, los hoteles deberán disponer de un sector específico y claramente identificado para los productos sin gluten. Además, deberán proveer utensilios de uso exclusivo (como pinzas, platos y tostadoras) o, en su defecto, ofrecer los productos en envases individuales cerrados de origen.
Personal capacitado: Tanto los trabajadores de cocina como los de sala deberán acreditar una capacitación básica sobre la enfermedad celíaca y la manipulación segura de estos alimentos.
Control y sanciones
El Ministerio de Salud Pública (MSP), en coordinación con el Ministerio de Turismo y las Intendencias Departamentales, serán los encargados de fiscalizar que los establecimientos cumplan con la normativa.
En caso de infracciones, el proyecto estipula sanciones que van desde un apercibimiento y multas económicas, hasta la suspensión de la categorización turística o de la habilitación del servicio gastronómico del hotel para los casos más graves o de reincidencia.
De aprobarse la ley en el Parlamento, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarla, y una vez hecho esto, los hoteles de todo el país contarán con un plazo de 180 días para adecuar sus instalaciones y servicios a las nuevas exigencias.