Colectivos de tiradores y clubes de caza rechazan las medidas que planifica el gobierno y afirman que las nuevas restricciones reducen sus derechos de compra e interfieren con su actividad legal.
11 de julio de 2026
Legítimos usuarios de armas de fuego, cazadores y representantes de clubes de tiro de diversos puntos del país se movilizaron frente al Palacio Legislativo. La protesta surge en rechazo a las medidas propuestas por el gobierno que buscan limitar la tenencia de armas y la compra mensual de municiones, argumentando que estas restricciones vulneran sus derechos y libertades en lugar de combatir el verdadero problema de fondo.
Los manifestantes expresaron su profunda preocupación ante lo que consideran un freno a sus capacidades de compra y práctica deportiva. Según explicaron, el detonante de la movilización fueron las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Negro, respecto al desarme civil.
Según informa Subrayado, Fabián Fernández, integrante de la Asociación Defensora de Derechos a Usuarios Legítimos de Armas de Fuego, señaló: «Eso motivó mucho salir a defender nuestro derecho, que es lo que hoy estamos acá pidiendo, que no se nos restrinja a los legítimos usuarios y que el Estado o nuestros legisladores se enfoquen en combatir lo que es el problema del Uruguay hoy, que es la delincuencia».
El foco equivocado
Uno de los puntos que genera mayor malestar dentro del colectivo es la propuesta de reducir el cupo de munición que un usuario habilitado puede adquirir mes a mes. Al respecto, Fernández puntualizó que los legítimos usuarios ya se someten a rigurosos y constantes controles estatales para obtener y mantener sus habilitaciones. «Creemos que el camino no es con nosotros, el camino es por otro lado», enfatizó.
Por su parte, Martín Pastorino, representante de la Asociación Cazadores Uruguay, coincidió en que las restricciones proyectadas por el Poder Ejecutivo fallan en su objetivo principal. «Se está restringiendo el uso de munición, se restringe la cantidad de armas, viene bastante complejo y no se ataca donde se tiene que atacar», afirmó.
Pastorino concluyó advirtiendo que normativas de este tipo terminan perjudicando exclusivamente a los ciudadanos que se manejan dentro de la legalidad. «Nos afecta en derechos y libertades. Limitar a la persona que cumple todos los requisitos, que está amparada en el marco de la ley, no es el camino que hay que tomar», sentenció.
Fuente: Subrayado.