El mandatario abonó el impuesto con multas y recargos tras revelarse que mantenía deudas y obras sin registrar en Catastro. Desde la oposición exigen explicaciones públicas en una semana compleja para el Ejecutivo.
9 de julio de 2026
El presidente de la República, Yamandú Orsi, regularizó esta semana la situación impositiva y edilicia de sus dos viviendas familiares. La acción del jefe de Estado se dio de forma inmediata luego de que un informe periodístico revelara que ambas propiedades presentaban irregularidades ante diferentes organismos del Estado.
El pasado domingo, Orsi fue consultado por Radio Carve sobre una deuda pendiente vinculada al Impuesto de Primaria, así como por la existencia de obras (una barbacoa y una piscina) que no habían sido declaradas ante la Dirección Nacional de Catastro. Tras el requerimiento de la emisora, el mandatario comenzó los trámites ese mismo día para subsanar la situación.
Según informaron fuentes oficiales, el presidente revisó los saldos pendientes con Primaria y procedió a abonar el total del impuesto adeudado, sumando las multas y recargos correspondientes. En paralelo, contrató a una arquitecta para actualizar los planos y registrar las obras no informadas en su momento, lo que modifica el valor catastral del inmueble y los tributos a pagar. Los trámites quedaron concluidos esta semana, quedando las propiedades registradas por su valor efectivo real.
El estado de los inmuebles y la partición de bienes
El patrimonio inmobiliario familiar del presidente se compone de dos fincas con realidades jurídicas distintas. La primera de ellas, adquirida en 2010, fue objeto de una partición de bienes realizada apenas dos días antes de que Orsi asumiera la Presidencia de la República. Mediante este proceso, su esposa, Laura Alonsopérez, quedó como la única adjudicataria de la vivienda, mientras que el mandatario figura formalmente como copartiente.
Por otra parte, la segunda vivienda, en la cual la familia residía previamente bajo régimen de alquiler, fue comprada por el propio Orsi en octubre de 2024, utilizando fondos provenientes de una herencia familiar.
Presión de la oposición y otros antecedentes
La falta de regularización de los bienes presidenciales generó una rápida reacción política. Durante el transcurso de la semana, diversos dirigentes de la oposición reclamaron públicamente que el presidente brinde explicaciones abiertas a la ciudadanía sobre los motivos por los cuales estas propiedades no estaban al día.
Este hecho representa el segundo frente de cuestionamientos hacia la gestión patrimonial del mandatario en los últimos meses. A fines de mayo, el Ejecutivo enfrentó controversias al conocerse que la camioneta particular del presidente, adquirida poco antes de asumir el cargo, obtuvo un descuento significativo. En esa ocasión, se constató además que parte del pago se efectuó entregando un automóvil que una automotora había donado originalmente para una rifa de campaña del Frente Amplio, la cual había quedado sin ganador.